Una radiografía que pone la vida en el centro
Presentamos el Documento de Política Pública N.° 2: Mortalidad en Antioquia 2013 –2023, un estudio que examina con rigor quiénes, dónde y por qué mueren los antioqueños. Se trata de una línea de base que permite entender la evolución de la mortalidad en la última década y cómo se distribuye de manera desigual entre territorios y poblaciones.
El informe confirma que, en la actualidad la niñez está más protegida que en décadas pasadas; posiblemente, gracias a políticas de salud y prevención, pero advierte que la adultez representa el gran desafío. Las muertes violentas, en especial los homicidios, siguen ocupando un lugar central en la agenda de salud pública, sumado a enfermedades crónicas y muertes evitables que afectan con fuerza a comunidades específicas.
Avances y puntos críticos
En menores de 5 años, las tasas de mortalidad en Antioquia son más bajas que el promedio Nacional, lo que refleja logros en atención primaria y prevención. En la franja de 5 a 14 años, la situación es estable y sin grandes diferencias frente al país.
El panorama cambia en la población de 15 a 64 años, donde la mortalidad es mayor que en Colombia en su conjunto y los homicidios se consolidan como una de las tres principales causas de muerte. Tras un pico en 2018, la tasa descendió, pero en 2023 apenas logró ubicarse por debajo del promedio Nacional. La brecha de género es alarmante: en este grupo, los hombres tienen una probabilidad de morir por homicidio 12 veces mayor que las mujeres.
El estudio resalta la desigualdad territorial: subregiones como Bajo Cauca, Nordeste, Norte y Suroeste concentran las tasas más altas. En el campo, además, la mortalidad se mantiene elevada tras la pandemia, superando las cifras urbanas desde 2022.
“Reducir los homicidios es también política de salud pública. La evidencia nos obliga a focalizar territorios, poblaciones y causas para proteger el derecho a la vida y cerrar brechas.” — Catalina Gómez Toro, gerente general del IDEA.
Claves para la política pública
El documento no se queda en los números: entrega conclusiones ejecutivas que sirven de guía para la acción pública:
Primera infancia: las políticas actuales parecen estar funcionando; hay que mantenerlas y blindar recursos.
Adolescencia y juventud: requieren intervenciones integrales que articulen educación, empleo, cultura y prevención de violencias.
Adultez: es el segmento más crítico; los homicidios deben abordarse no solo como un tema de seguridad, sino también de salud y equidad social.
Enfoque territorial y de género: las brechas rurales y regionales, así como las diferencias entre hombres y mujeres, exigen políticas diferenciadas.
Institucionalidad: urge la coordinación entre salud, seguridad y desarrollo social, además del trabajo conjunto con alcaldías, sector justicia y comunidad.
Una agenda basada en datos
Al igual que el Documento N.º 1 sobre inseguridad alimentaria, este nuevo análisis ratifica la importancia de cruzar dimensiones: hogares rurales, con jefatura femenina, baja educación o presencia de personas con discapacidad son los más expuestos. Para el IDEA, la política pública debe ser integral y basada en evidencia, combinando acciones en nutrición, ingresos, convivencia y seguridad.
La violencia letal no es solo un asunto de orden público: acorta vidas, amplía desigualdades y limita el desarrollo del territorio. Este estudio es una invitación a todos los actores —gobiernos locales, academia, sociedad civil y sector privado— a construir una agenda común para salvar vidas.
